Os Pego aquí un interesante texto de los compañeros de la Federación de asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública de cara a las próximas elecciones autonómicas.
Desde
la Federación de Asociaciones para
la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP),
ante las próximas elecciones autonómicas creemos obligado hacer
varias reflexiones.
La
primera es que tras la finalización del proceso de transferencias en
2001, la Sanidad es una competencia casi exclusivamente autonómica,
a lo que hay que sumar la falta de sistemas eficaces de cohesión del
Sistema Nacional de Salud (SNS), por ello este proceso electoral es
de especial importancia en el ámbito de la salud porque va a definir
la política sanitaria de las CCAA.
La
segunda es que existen grandes diferencias interautonómicas en el
estado de salud de la población y en el funcionamiento de los
sistemas sanitarios regionales, tal y como se ha detectado los 11
Informes sobre la situación de los servicios sanitarios de las CCAA,
elaborados por la FADSP desde 2004, en los que se evidencia una
diferencia excesiva entre las mismas. En el XI Informe (2014) la
puntuación entre el máximo y el mínimo iba de 82 a 46, situándose
Baleares, Murcia, Canarias y Comunidad Valenciana en los últimos
puestos (Valencia es la última en 10 de los 11 informes realizados
y ocupa ese puesto de manera ininterrumpida desde 2007).
http://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/manifiestos/872-los-servicios-sanitarios-de-las-ccaa-informe-2014
La Sanidad Pública en
España sufre un proceso de recortes, deterioro, desmantelamiento y
privatizaciones que aunque proviene desde hace tiempo se ha agudizado
en estos últimos tiempos con la excusa de la crisis
Tres han sido las
principales medidas en este proceso, la primera el Real Decreto Ley
(RDL) 16/2012, la segunda los recortes económicos a que se ha
sometido a la sanidad como a otros servicios públicos y luego las
privatizaciones.
I ) RD Ley 16/2012
El 24 de abril de 2012 el
BOE publicaba el RDL 16/2012 que quizás irónicamente se denominaba
“de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones.”
En el RD Ley se
planteaban 5 aspectos fundamentales, que se han unido a los otros dos
que han ido funcionando en paralelo pero también con importantes
repercusiones sobre la Sanidad Pública, y que se van a analizar
brevemente a continuación:
Cambio del modelo
sanitario
El RDL plantea un cambio
del modelo sanitario que de estar basado en la ciudadanía y tener
carácter universal (Ley general de Sanidad y Ley General de Salud
Pública), pasa a centrarse en la condición de asegurado. De ello se
derivan exclusiones de colectivos:
Las personas con
ingresos superiores a 100.000 € anuales
Los inmigrantes no
regularizados
Los extranjeros con
estancias temporales en España
Los mayores de 26
años que no han cotizado a la Seguridad Social, posteriormente
mediante orden ministerial se les asegura cobertura como “sin
recursos” si tienen rentas inferiores a 100.000 € anuales.
Más recientemente
se ha añadido la exclusión de quienes vivan durante más de 90
días fuera de España.
En teoría para
cubrir a las personas excluidas de la cobertura se establecieron
unos convenios especiales (con precios prohibitivos para el
colectivo mas necesitado, es decir los inmigrantes irregulares) que
como era de esperar han tenido escasísimo éxito.
Los resultados han sido
especialmente graves en el colectivo de inmigrantes no regularizados
(hay al menos dos muertes documentadas) y se desconoce el número
real de personas que han visto agravada seriamente su salud. El
número de personas con problemas por estancias prolongadas en el
exterior (básicamente en busca de trabajo) no se conoce. La
normativa referente a los extranjeros con obligación de pago existía
previamente al RDL y los ingresos por este concepto no parece que
hayan sido relevantes en comparación con los que existían
previamente, en todo caso se deben a una mayor diligencia de las CCAA
en el cobro que no a los efectos de esta normativa.
Es importante resaltar
que, aunque se ha paralizado en sus aplicaciones más lesivas, es
evidente que la intencionalidad de este cambio es avanzar
progresivamente hacia un modelo de seguros, lo que supondría un
aumento del gasto sanitario y de las desigualdades en el acceso, tal
y como demuestra la experiencia internacional (el caso mas reciente
es el de Holanda). También que el Tribunal Constitucional ya ha
avalado en 2 casos (recursos a la normativa del País Vasco y
Navarra) la paralización de su aplicación en estos territorios y
que varias CCAA mas han realizado normativas propias para garantizar
en todo o en parte la atención sanitaria, en conclusión se ha
generado mas desigualdad, ningún ahorro y problemas muy graves para
algunas personas.
Revisión de la
cartera de servicios
Se fracciono la cartera
de servicios en 3 (básica, complementaria y suplementaria) quedando
solo la primera como gratuita, estableciéndose copagos para las
otras 2. Hasta ahora el proceso de revisión de la cartera básica ha
avanzado poco, pero como era de esperar se han producido recortes y
además con el entorno de la ideología ultracatólica dejando fuera
de la fecundación in Vitro en el SNS a las parejas homosexuales y a
las mujeres solteras.
De nuevo nulos resultados
económicos y si discriminación con motivaciones ideológicas.
Copagos
generalizados: Farmacia, transporte, dietas, prótesis y ortesis
Es uno de los aspectos
que mas ha avanzado. El nuevo copago en farmacia se instauro
rápidamente (aumento del porcentaje a pagar por los activos y
establecimiento del 10% a los pensionistas con topes según tramos de
ingresos), los otros con menos rapidez, el de ortesis, prótesis y
dietas tardo mas y el del transporte sanitario se paralizo en su
aplicación, porque sigue estando vigente según el BOE, después del
Informe del Consejo de Estado que lo desaconsejaba. Una situación
aún mas curiosa es la del copago de los medicamentos que se
dispensaban en las farmacias hospitalarias, sobre el que existe una
normativa de octubre de 2013 que obliga a cobrarlo a todas las CCAA
pero a día de hoy ninguna lo ha aplicado y que recientemente el
Ministro de Sanidad ha señalado que no se aplicara.
Nuevo
medicamentazo
Se excluyeron más de 400
medicamentos de la financiación pública, medicamentos cuyo coste
(PVP) se incremento notablemente, en muchos casos más del 100%, que
paso a ser sufragado en su totalidad por los pacientes.
El recorte en farmacia es
según el Ministerio de Sanidad el principal éxito del RDL. Claro
esta que si vamos a los datos concretos las cosas son distintas, de
manera que mientras el gasto farmacéutico de recetas ha disminuido
en 3.305 millones € desde la entrada en vigor del RDL hasta
diciembre de 2013, el gasto farmacéutico de los hospitales aumento
en 2.087 millones € en el mismo periodo, y se ha constatado un
aumento del gasto en recetas mantenido en los 6 últimos meses
respecto al mismo periodo del año anterior. Por otro lado el ahorro
del gasto farmacéutico es en un 60% debido a los medicamentos no
financiados y en un 40% son aportaciones de los ciudadanos, es decir
se ha trasladado gasto farmacéutico público a gasto privado.
Finalmente existen
encuestas que señalan que un porcentaje elevado de personas no
retiran los medicamentos prescritos (el 14,76% del total que se eleva
al 20,39% de los pensionistas y el 25,92% de los parados). Como es
habitual el Ministerio de Sanidad mira para otro lado y no ha hecho
ningún tipo de seguimiento ni de estos casos, ni de los posibles
problemas sanitarios resultantes de este no consumo de medicamentos
prescritos, pero si tenemos en cuenta la literatura científica
publicada al respecto es probable que se haya producido un
empeoramiento de las enfermedades de estas personas y una
sobreutilización de recursos sanitarios (ingresos, etc), lo que ha
podido comprobarse en algún caso en nuestro país.
5) Agencia de compras
La puesta en
funcionamiento de un sistema centralizado de compras fue uno de los
“argumentos” utilizados para el marketing del RDL, pero al
final quedo recogido como “Se fomentara la compra conjunta y
centralizada” (Adicional cuarta) lo cual, como ya señalamos en
su momento no garantizaba su aplicación. Por supuesto la compra
centralizada del SNS permitiría aplicar los beneficios de las
economías de escala y ha sido una reivindicación de la FADSP desde
hace tiempo. Hasta ahora tanto ruido se ha quedado limitado a la
compra conjunta de vacunas por parte de algunas CCAA (lo que ya se
había hecho antes del RDL) y poco mas, de manera que los supuestos
ahorros se han quedado en casi nada, demostrándose una vez mas que
el Ministerio de Sanidad recorta a los indefensos, pero no a los mas
poderosos.
RECORTES
PRESUPUESTARIOS
Los recortes
presupuestarios no estaban directamente incluidos en el RDL aunque
la justificación del mismo fue un supuesto exceso de gasto sanitario
“insostenible”. No obstante se han producido drásticos recortes
presupuestarios coincidiendo con su aplicación. El gasto sanitario
público paso de 70.464 millones € en 2009 (liquidación) a 67.626
millones en 2011 (liquidado) y en 2014 los presupuesto sanitarios
públicos de las diferentes administraciones suman 57.632 millones €,
es decir 12.832 millones € menos.
El
sistema de financiación de las CCAA es una parte del problema.
Primero porque se parte de una insuficiencia general que ha sido
reconocida por el propio Gobierno en la Conferencia de Presidentes.
Segundo porque esta basado en la capacidad de las CCAA para generar
recursos, a pesar de que la riqueza, medida en PIB per capita tiene
una distribución muy desigual, según datos del INE (datos
publicados en 2015), este tenia un rango en 2013 entre 15.026 €
(Extremadura) y 28.915 € (Madrid) lo que supone una gran diferencia
a la hora de la recaudación tributaria; y tercero porque el actual
sistema de financiación deja al libre criterio de cada una de las
CCAA la decisión de su gasto sanitario. Cuarto, porque la
transferencia de fondos a cada comunidad como conjunto y las partidas
extras (como las procedentes de los fondos de cohesión o del céntimo
sanitario) no son finalistas y cada Comunidad puede destinar
finalmente esos dineros a donde electoral o coyunturalmente mas le
interese, independientemente de la necesidades reales de salud o
servicios sanitarios de su población.
El
resultado es que los presupuestos per capita de las CCAA para 2015
se sitúan en un promedio de 1240,60
€, con un máximo de
1548,34 y un mínimo de 1004,32.
Los resultados de estos
recortes han sido cierres de camas hospitalarias, reducciones de
personal (55.000 trabajadores menos en la Sanidad Pública en España
en 2014 respecto a 2009), aumento de las demoras en atención
primaria, incremento de las listas de espera quirúrgicas y de
consultas de especialistas y pruebas diagnósticas, saturaciones en
las urgencias con incremento de las personas que esperan varios días
para su ingreso, cierres de puntos de atención continuada, de
horarios de tarde de centros de salud de actividad de tarde en los
hospitales y un larguísimo etc.
III ) Privatizaciones
Paralelamente han
continuado las privatizaciones de los servicios sanitarios públicos.
Privatizaciones que han sido distintas en intensidad según las CCAA,
mas intensas en Cataluña, Madrid, Valencia, Baleares, Galicia, La
Rioja y Castilla y León, pero que han existido en menor medida en
todas las autonomías. En el Informe sobre “la privatización
sanitaria en las CCAA” elaborado por la FADSP en 2014, las 5 más
privatizadas eran por este orden: Madrid, Cataluña, Galicia,
Baleares y Canarias.
http://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/notas-de-prensa/778-informe-sobre-la-privatizacion-sanitaria-de-las-ccaa
Cinco hechos son
relevantes. El primero es la utilización de una multitud de formulas
concretas (concesiones administrativas, PFI, EBAs, conciertos,
subcontrataciones, etc) sin que se haya producido ninguna evaluación
de las mismas; el segundo es el sobrecoste que significa este proceso
privatizador (en torno a 6-8 veces mas de coste y con sistemas de
actualizaciones automáticas de los mismos lo que los hace cada vez
mas gravosos); el tercero es la opacidad de todos los procesos y de
los datos de la actividad de los centros privatizados; el cuarto es
que no hay evidencia que demuestre que mejora la eficiencia del
sistema sanitario (tal y como señala el último Informe del grupo de
expertos de la Comisión Europea); y el quinto es el gran rechazo
social y profesional que se ha producido contra las privatizaciones,
de manera que el proceso esta ralentizado y se buscan formulas menos
visibles ante la opinión pública (derivaciones de actividades
concretas, implantación de “unidades de gestión clínica”,
etc).
ALGUNOS RESULTADOS
Aunque como ya se ha
señalado la opacidad es la norma y no se ha realizado ninguna
evaluación seria por parte del Ministerio de Sanidad, tenemos
algunos datos que son relevantes y que merece la pena resaltar:
El cambio de modelo
sanitario ha tenido una repercusión muy negativa sobre la salud del
colectivo de inmigrantes no regularizados, produciendo algunas
muertes y muchos casos de desatención y empeoramiento de la salud de
miembros de este colectivo. Aparte de las consideraciones
humanitarias y de la posible vulneración de derechos humanos
básicos, no se ha logrado un ahorro significativo y si se han
producido serios riesgos para la salud de este colectivo en concreto
y de toda la población.
Todavía esta por ver las
repercusiones que tendrá alguna otra exclusión (por ejemplo las
personas con estancias superiores a 90 días en el extranjero), pero
tampoco existe ningún mecanismo en marcha para evaluarlo.
Las modificaciones en la
cartera de servicios tiene un impacto económico irrelevante y en
cambio plantea serios problemas de discriminación por motivos
ideológicos.
Las medidas sobre la
prestación farmacéutica han trasladado gasto sanitario público a
gasto privado (de los bolsillos de los pacientes) generando
desigualdades y creando entre los pensionistas grupos significativos
que no retiran los medicamentos prescritos con los resultados que
tendrá sobre su salud.
Se ha producido un
aumento muy importante de las listas de espera, tanto quirúrgicas
como en consultas externas, pruebas diagnósticas y en citas en
atención primaria.
La opinión de la
ciudadanía sobre el SNS ha empeorado de manera que ha bajado la
puntuación que le dan los ciudadanos y se ha incrementado el número
de ciudadanos que piensa que ha empeorado la atención primaria, la
atención especializada y las listas de espera (datos del Barómetro
Sanitario de 2014). La Sanidad ha pasado a ser el 5º problema del
país (12,1%) y el 4º que mas afecta personalmente a los ciudadanos
(11,5%) según la última encuesta del CIS (febrero de 2015).
Incluso a nivel
internacional existen varios informes que nos alertan de los graves
problemas que estas medidas pueden producir sobre el sistema
sanitario y la salud (OCDE Health a Glance 2013, FMI 2013)
PROPUESTAS
PARA RECUPERAR LA SANIDAD PÚBLICA Y EL DERECHO A LA SALUD
En
este contexto, entendemos que los programas de las fuerzas políticas
que concurren a este proceso electoral deberían de proponer los
siguientes objetivos:
Derogar el RD Ley 16/2012
garantizando el derecho a la salud de todas las personas, eliminando
la fragmentación de la cartera de servicios y los copagos.
Recuperar las dotaciones de personal e
infraestructuras que existía
previamente a los recortes, incrementando la dotación de personal
de los servicios sanitarios y volviendo a poner en funcionamiento
las camas y quirófanos, puntos de atención continuada y consultas
cerradas.
Hay que paralizar
el proceso privatizador de la
Sanidad y propiciar la integración en la red sanitaria pública de
los centros que reciben financiación pública y tienen modelos de
gestión empresariales cambiando este carácter por el de entidades
publicas en todos sus aspectos. Debe de garantizarse por Ley la
provisión pública prioritaria de las prestaciones financiadas con
fondos públicos y paralizar maniobras privatizadoras como las
unidades de gestión clínica.
Deben de recuperarse
los centros privatizados
estableciendo programas escalonados de reversión de los mismos al
sistema público
Poner en funcionamiento sistemas
de Información sanitaria que aporten datos homogéneos para todas
las CCAA que permitan realizar
evaluaciones, lo que precisa el establecimiento de estándares
comunes para la recolección y tratamiento de la información
sanitaria en todo el SNS. Esta debería ser una tarea prioritaria
del Consejo Interterritorial de Salud.
Los ciudadanos tienen derecho a tener acceso a
los datos actualizados referentes a la situación de salud y al
funcionamiento de los servicios sanitarios, por lo que es
imprescindible garantizar la publicidad
actualizada de todos los indicadores.
La transparencia es un requisito imprescindible en un servicio
público.
Debe asegurarse una financiación
suficiente del Sistema Nacional de Salud.
Esta suficiencia exige un incremento de la financiación en razón
de las necesidades de salud y debe suponer, aproximadamente, entre 1
y 1,5 puntos de porcentaje sobre el PIB de incremento y asignar este
incremento con criterio finalista.
Es imprescindible el desarrollo del Plan
Integrado de Salud, tanto para
fijar los objetivos de salud del SNS, como para adecuar la
financiación a la consecución de estos objetivos.
Los Fondos de
Cohesión deberían de incrementarse
sustancialmente, incluyendo en ellos toda la financiación adicional
y asegurando su reparto entre las CCAA en razón de los objetivos
del Plan Integrado de Salud.
También es necesaria la elaboración
de Planes de Salud en cada CCAA
para fijar los objetivos de la política sanitaria y establecer la
distribución de los fondos públicos dedicados a Sanidad. Seria
conveniente que este Plan de Salud fuera aprobado por el parlamento
autonómico.
Deben de establecerse estándares
mínimos y ponderados de recursos sanitarios:
camas, profesionales médicos y de enfermería (de atención
primaria y especializada) /1.000 habitantes (siendo lo deseable que
pudieran ponderarse en relación con otras variables como estructura
etaria de la población, dispersión, etc.), para garantizar una
dotación adecuada de los servicios sanitarios públicos acercando
nuestra situación a la de la media del contexto europeo.
Hay que reforzar
la provisión sanitaria pública,
favoreciendo una mayor integración de los recursos en las áreas de
salud y la interconexión entre los niveles asistenciales.
Hay que potenciar
la Atención Primaria de Salud con
el desarrollo de la estrategia de AP-21, asegurándole una dotación
económica y el desarrollo de las funciones de promoción y
prevención.
Es preciso poner en funcionamiento una red
sociosanitaria pública coordinada
con la atención sanitaria y sin que esto suponga una nueva
privatización de otra parcela los servicios públicos
Hay que articular centros
de referencia supracomunitarios
(bien a nivel estatal o para varias CCAA) porque es evidente que el
tamaño de todas las CCAA no es compatible con el mantenimiento de
todos los servicios sanitarios con una calidad adecuada. EL Consejo
Interterritorial (para los centros estatales) y los acuerdos entre
CCAA serian los mecanismos adecuados para asegurar esta colaboración
en el ámbito del SNS.
Hay que realizar una evaluación
de las desigualdades en salud,
tanto en el conjunto del SNS como dentro de las CCAA, analizando los
diferentes aspectos que pueden influir en las mismas (nivel
socioeconómico, género, política sanitaria y financiera aplicada,
etc) para poder desarrollar estrategias adecuadas para su reducción.
Deben desarrollarse mecanismos
efectivos y reales de participación de profesionales y ciudadanos
en el funcionamiento y gestión de los servicios sanitarios
públicos.
Hay que apoyar el mantenimiento
y mejora de las Áreas Sanitarias
como espacio para la planificación sanitaria equitativa y racional
en base a las necesidades reales de los ciudadanos.
Asegurar la sostenibilidad del sistema
público a través de un pacto de estabilidad del mismo y del
control y racionalización del gasto
farmacéutico y tecnológico (nuevas
tecnologías de imagen, informatización y megabases de datos…).
Garantizar la confidencialidad de la
información de salud de los
ciudadanos depositada en las bases de datos públicas, a través de
mecanismos de control democrático, excluyendo en todo caso el
acceso, gestión o cesión de esos datos a entidades privadas o
semiprivadas y persiguiendo de oficio cualquier violación de los
mismos.
Desarrollar una política de
personal que, manteniendo el carácter estatutario de la
relación, favorezca la dedicación exclusiva, la formación
continuada por el sistema sanitario pública, el desarrollo
profesional y la dirección participativa por objetivos.
Oposición a la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre
Estados Unidos y la Unión Europea, al tratado de libre comercio
entre Canadá y la UE (CETA) y el Acuerdo sobre el Comercio de
Servicios (TISA)
Establecer auditorias sobre los gastos de
las Consejerías de Sanidad de las CCAA, y garantizar a
transparencia de los gastos sanitarios.
Pensamos
que todos estos objetivos son fundamentales para mejorar la Sanidad
Pública. Estamos viviendo un momento crítico de recortes,
deterioro, desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública,
por lo que es precisa una actuación decidida para frenar este
proceso y para fortalecer el mejor sistema sanitario que ha tenido
nuestro país.
Desde
la FADSP instamos a todas las organizaciones que se presentan a las
próximas elecciones autonómicas a asumir estas propuestas y
apoyaremos a todas las que asuman este compromiso con la Sanidad
Pública y la salud de la ciudadanía.
Federación
de Asociaciones para la
Defensa
de la Sanidad Pública
17
de Marzo de 2015
