Una de las últimas propuestas de los gerentes liberales de los
Servicios Sanitarios Públicos son las intrigantes y cada vez más
famosas Unidades de Gestión Clínica (UGC), fórmula a la que se
pretenden transformar los Centros de Salud.
Con argumentos tan usados por los liberales como el de “optimización
de recursos en un sistema insostenible económicamente” o la
“democratización de la gestión sanitaria”, las UGC se venden
como una aproximación de la toma de decisiones a los equipos
sanitarios, que tendrían capacidad de gestionar partidas
presupuestarias para la adquisición de determinados recursos y
gestión de prestaciones sobre la base del cumplimiento de unos
determinados objetivos de excelencia.
Tras estos aparentemente loables objetivos, la realidad es bastante
más preocupante para profesionales y pacientes de los diferentes
servicios públicos de salud. En la práctica, son un paso adelante
en el imparable plan de expolio de la Sanidad Pública por parte de
los gestores capitalistas. Si bien no suponen en puridad la
introducción de una fórmula privada, las propuestas concretas que
vienen haciéndose a modo de globos sonda o de prácticas concretas
que se lanzán, sí que contienen elementos claros de la
privatización de la que hablamos.
Así, como elemento fundamental, las UGC implican la introducción de
elementos y mecanismos de mercado en la gestión o los incentivos
puramente económicos que bonifican el cumplimiento de objetivos de
reducción del gasto prescindiendo de toda visión médica.
Algunos ejemplos de estos incentivos, serían la reducción de gasto
farmacéutico, la disminución de derivaciones al especialista, la
asunción de la imposibilidad de cubrir los permisos con
sustituciones y de gestionarlas acumulando trabajo a otros
compañeros, etc.
Perversiones intrínsecas a estos objetivos son por ejemplo la
derivación de la responsabilidad de la gestión farmacéutica desde
la Administración, al profesional. Así, cuando lo deseable serían
medidas estructurales que racionalizasen el gasto como una central
única de compras de fármacos, una política de financiación
exclusiva a los fármacos genéricos o incluso la creación de una
industria farmacéutica pública y suficiente, la realidad de las UGC
es que se fuerza (recordemos, bajo la presión de incentivos que se
han ido introduciendo en la cultura de los profesionales sanitarios)
la disminución en la prescripción de medicamentos necesarios. El
mismo caso se da con las derivaciones a los especialistas. Se limita
el número de derivaciones con el argumento de “racionalización”
a traves de incentivos económicos a los médicos menos derivadores.
El resultado previsible es la demora en la atención especializada de
determinados pacientes que lo precisarían.
Pero es que el argumento de la democratización tampoco es cierto,
puesto que esta supuesta mejora se limita a la participación del
director de la UGC (generalmente será un médico) en reunionjes
bilaterales con representantes de la Administración, los cuales ya
habrán fijado previamente los objetivos a cumplir (de corte liberal
y de reducción de gasto) y la naturaleza y cuantía de los
incentivos. Igualmente, introduciendo más elementos de mercado y
gestión privada estos incentivos son progresivamente endurecidos
para hacerlos “necesariamente incumplibles” para que, segun la
política empresarial de la que hacen gala, los gestores no se
“duerman en los laureles”.
Así, la pretendida democratización es en realidad la introducción
de mecanismos puros y duros de gestión privada y de competitividad
liberal. Nada más lejos de democratizar y, desde luego, a años luz
de criterios sanitarios.
Habría más que decir de las UGC, pero baste esta breve reseña para
alertar a profesionales y pacientes del nuevo paso adelante
privatizador que suponen. En un escenario de pérdida de las bases
fundamentales de la Sanidad Pública, la introducción de las UGC
sería la puntilla a un sistema que fue nombrado por la OMS como el
7º mejor sistema sanitario en el año 2000.
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