Cinco propuestas para salvar la Sanidad pública (Artículo de La Marea)

Extraído de www.lamarea.com, del 5 de marzo de 2015

El sistema sanitario español, tal y como se estructura actualmente, no es sostenible. Esta afirmación que aparece en un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) del año 2009 se repite en todos los análisis económicos que realizan empresas y consultoras sobre salud. Un concepto, el de la sostenibilidad, que cuestionan algunos partidos políticos para, en su nombre, acelerar los procesos de privatización en Sanidad.
Fuga de médicos, empobrecimiento de centros de salud y hospitales, colapso de las urgencias, interminables listas de espera ... El sistema sanitario hace aguas. De forma paralela, se alzan voces que reivindican la triple meta, un término aplicado a la salud que acuñaron en 2008 Don Berwick, Tom Nolan y John Whittington. La triple meta habla de mejores cuidados, mejor salud y menor coste.
La Marea ha consultado a profesionales del sector con la intención de recoger sus propuestas para salvar la Sanidad pública. La mayoría de ellos coincide en que el mayor riesgo es la progresiva penetración del sector privado en busca de un negocio dentro del servicio público. Las llamadas “ externalizaciones ” han pasado de ser un instrumento de complementariedad del sistema a ser un instrumento de sustitución y esto, aseguran, propicia una sangría en las arcas públicas.
El déficit sanitario español, es decir, el dinero que falta cada año para cubrir las necesidades básicas, se sitúa en 7.000 millones de euros,aunque hay una gran diferencia entre las autonomías, que tienen transferidas las competencias.
Los recortes se hacen notar cada día más. Por ejemplo, la falta de liquidez y la desigual negociación de Gobierno con la farmacéutica Gilead hacen que, según la Asociación Española de Estudio del Hígado, 35.000 personas no reciban el tratamiento ideal para la Hepatitis C. La presión de los pacientes en las calles ha obligado al Gobierno a recibirlos y buscar una solución.
Además, los servicios de urgencias se colapsan y se multiplican las fotografías de camillas con pacientes en los pasillos, mientras las citas para operaciones en centros públicos se alargan en los meses. En diciembre los médicos de urgencias del Hospital de Toledo denunciaron ante el juzgado de guardia la saturación del servicio. Esa semana fallecieron dos pacientes que esperaban en el pasillo a ser atendidos por patologías respiratorias graves.
 

1. Dotar de más recursos a la Atención Primaria

La Atención Primaria (AP) ha sido la puerta de entrada a la Sanidad. Unos buenos servicios de AP contribuirían a evitar el colapso de urgencias y las derivaciones hospitalarias. La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) lleva años pidiendo más capacidad de resolución, una gestión basada en criterios clínicos y científicos, y adecuar el número de profesionales a las necesidades reales. Otra asociación profesional, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), propone que la AP lidere los procesos de atención al paciente crónico. Mientras esas medidas llegan, casi el 90% de los médicos reconoce estar desmotivado en su trabajo.Uno de los mayores problemas con los que se encuentra la AP es la falta de recursos, un dinero que se ha ido desviando hacia la especializada y los hospitales. El responsable de Sanidad de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, incide en que hay que abandonar “el hospitalcentrismo y volver a la Atención Primaria, que es la que más ha transformado la Sanidad española ”. El diputado de IU alerta de que “ detrás de las propuestas de reforma de la AP está el modelo inglés, que pretende la privatización, por eso no hay que reformarla, hay que potenciarla ”. El gasto en Primaria cayó del 20,8% del total del gasto sanitario en 2008 al 14,81% en 2012. Para colectivos como la SEMFYC, debería ser del 25%.
Este recorte en el gasto ha provocado una descapitalización de los centros de salud y la saturación de su funcionamiento. Los centros de Atención Primaria, los primeros ambulatorios, se pusieron en marcha antes de la Ley General de Sanidad.
Gracias a su aparición se reedujo el gasto farmacéutico de una forma significativa al sustituir al médico que pasaban consulta de forma esporádica y ante urgencias. En la actualidad, el 80% de las consultas se podría solucionar en los centros de salud sin necesidad de acudir a los hospitales o servicios de urgencia.
Algunas voces alertan sobre su situación actual y defienden que la reforma debe hacerse cuanto antes. Según los datos que manejan desde la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), el promedio de médicos por cada 1.000 habitantes es de 0,8. En algunas comunidades como Madrid, cada facultativo tiene 1.428 tarjetas sanitarias que atender de media o 1.667, como sucede en Baleares. “Esto quiere decir que hay casos en los que el médico es responsable de atender a más de 2.000 personas, y cuando es así esa  atención se complica, más aún si tenemos en cuenta que el progresivo envejecimiento de la población hace que haya más visitas al ambulatorio”, indica el presidente de la FADSP, Marciano Sánchez Bayle.
Esa sobrefrecuentación, junto a la caída en los recursos, hace que las listas de espera aumenten.
De forma paralela a esta problemática, una apuesta por la AP aumentaría la capacidad de resolución de los centros de salud, con un gran ahorro económico. Por ejemplo, si en ellos hubiese un pequeño analizador de enzimas cardiacas en sangre, se podrían evitar muchas derivaciones al hospital. “Ahora, ante la menor amenaza o sospecha de una angina o infarto tenemos que mandarlo al hospital”, asegura Antonio Gómez Liébana, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) de Madrid que trabaja en el servicio de urgencias de un centro rural.
Otra de las medidas que implementaría es la de desarrollar puntos de urgencias extrahospitalarias potentes, “para acabar con el colapso que tenemos hoy en día”. También propone aumentar el número de profesionales de enfermería ya que “muchas de las funciones que podrían hacer, las tienen que asumir los propios médicos, lo que incide directamente en la atención”.
José Martínez Olmos, diputado responsable de los temas de Sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados, habla de “ eficiencia ” para justificar la apuesta por la Primaria. Además, señala que se podrían hacer más visitas a domicilio y así evitar desplazamientos al hospital o ingresos innecesarios. Además, así la atención a los pacientes crónicos sería mucho más eficaz y efectiva.En otro sentido van las propuestas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), próxima a la gran empresa. En 2009 ya hablaba de implantar un “ ticket moderador del consumo en Atención Primaria y Urgencias” que racionalizase el gasto sanitario. El objetivo no sería recaudatorio, sino “ reducir la hiperfrecuentación o sobreuso del sistema”.
 

2. Hospitales a pleno rendimiento
 

Los recursos de la Sanidad pública están infrautilizados. Esta frase se repiten en la mayoría de servicios de los hospitales españoles. Como muestra un ejemplo, el PET del hospital Gregorio Marañón para diagnóstico precoz de patologías oncológicas o cardiólogas, entre otras, sólo está operativo por las mañanas. Mientras tanto, la lista de espera para este tipo de pruebas en la Comunidad de Madrid se acerca a los dos meses.
Asociaciones de médicos y profesionales en defensa de la Sanidad pública defienden más dinero para personal que permita doblar los turnos en los hospitales. Esta inversión en personal supondría a medio plazo un importante ahorro económico para el sistema sanitario ya que con una mejor distribución de los recursos podrían evitarse las derivaciones a centros privados. Así, explica el presidente de la FADSP, Marciano Sánchez Bayle, se acabaría con un “círculo vicioso”. A su juicio,hay poco personal porque se ha querido que haya poca actividad y esto hace que se derive más a la privada, con lo que se justifica que se siga reduciendo el personal. De forma paralela, Sánchez Bayle defiende que
se aplique la ley de incompatibilidades que declara como ilegal que un médico ofrezca sus servicios en clínicas privadas que ese mismo profesional ofrece en la pública. “No se quiere aplicar porque no interesa al sector privado, que obtiene mucho dinero gracias a esa situación, porque a los profesionales se les contrata a precios bajos. Además, de esa manera las clínicas reciben un flujo de pacientes extra”, apunta el responsable de la FADSP.
Las incompatibilidades son clave, según apuntan los expertos en salud, ya que son las que permitirían una optimización de los recursos personales y el doble turno por la tarde. Esta separación entre lo público y lo privado haría que sólo se recurriera a ésta última en casos de extrema necesidad y no de forma sistemática, tal y como se hace ahora.
Por su parte, la Sociedad Española de Directivos de Salud (Sedisa) pide limitar el funcionariado y apuesta por que las contrataciones de nuevos profesionales se hagan directamente en cada hospital y siguiendo la legislación laboral. Sindicatos, partidos políticos y asociaciones en defensa de la Sanidad pública rechazan esta medida ya que la condición de funcionario es la garantía que tienen los ciudadanos de que las decisiones se van a tomar de acuerdo a sus conocimientos y su propia conciencia, y no por razones económicas.

3. Centrales de compra ante las multinacionales
 

La unión hace la fuerza. Esta popular frase adquiere pleno sentido a la hora de hablar de las negociaciones con las empresas farmacéuticas. En estos momentos, cada comunidad autónoma negocia por separado el precio de compra. Desde el año 2012, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad, centraliza las compras de las comunidades autónomas que, voluntariamente, quieren adherirse. Hasta ahora lo han hecho, en diferentes programas, diez gobiernos regionales, con un volumen de compras por valor de más de 838 millones de euros. Así se ha conseguido un mejor precio en productos sanitarios y medicamentos genéricos, entre otros.
Para el responsable de Sanidad de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, esto no es suficiente y se debe aspirar a una compra centralizada a nivel europeo. “Ahora hay nuevos fármacos que comprometen la viabilidad del sistema y ya que la dimensión especulativa de las multinacionales es tan grande, la compra debe ser comunitaria para negociar de igual a igual y utilizar las mismas armas”, sentencia el político asturiano.
La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) también apunta a la industria farmacéutica y recuerda que “ por cada euro que se invierte en investigación, hay otros 19 euros que se dedican a promoción de esos productos ” . Las críticas también arrecian desde otras asociaciones para quienes la farmacia condiciona la formación de los médicos, la prescripción y la incorporación de nuevos medicamentos”.
En cambio, el diputado socialista José Martínez Olmos, ve “muy teórico” el planteamiento de una central de compras ya que “los intereses son muy diversos y Europa no está montada para eso”. En lo que sí ve un avance es en la subasta. En 2012 el Gobierno andaluz decidió comprar a gran escala aquellos medicamentos que tienen una mayor prescripción. El objetivo es doble, por un lado reducir el gasto farmacéutico y por el otro bajar el déficit de la comunidad autónoma. A través de la subasta, se logra ajustar el precio a la baja con los laboratorios. El que ofrezca el precio menor, se lleva la concesión. Con este sistema, la Junta de Andalucía prevé ahorrarse una media de 244 millones anuales. La medida ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PP al considerar que rompe con la equidad del sistema e interfiere en competencias estatales. Además, cuenta con el rechazo de los colegios farmacéuticos y de la patronal, Farmaindustria.

4. Aplicar la Ley general de Salud Pública
 

Invertir en promoción y prevención tiene una repercusión directa en el gasto sanitario. De ahí que en el año 2011 se aprobase la Ley de Salud Pública, una legislación que ha acabado en un cajón ministerial y se ha convertido en la Cenicienta de la Sanidad pública. La norma de 2011 establecía pautas incluso para medir el impacto sobre la salud de cualquier iniciativa. Por ejemplo, permitiría conocer cuántos infartos se han podido evitar tras una campaña contra el tabaquismo, o si han disminuido los niveles de colesterol tras acciones concretas contra el sedentarismo. Los ambulatorios son el lugar perfecto para integrar estos programas. Además, se daría continuidad a los procesos, desde la
primera consulta a los postoperatorios, incluyendo las actividades a pie de calle y visitas domiciliarias.”Es todo un cambio de mentalidad en la atención que supondría mucho ahorro. Imagínate que en lugar de darte pastillas para tensión arterial asumes un cambio de vida y cada semana te pesan y te dicen qué comer, y que hay un polideportivo cerca de ti”, afirma Antonio Gómez Liébana de la Coordinadora Antiprivatización dela Sanidad (CAS) de Madrid.
Cuando se hizo la reforma de la Atención Primaria, los ambulatorios con dotación de personal suficiente, con protocolos de programa de salud, de detección precoz, de promoción, de prevención, y sin proponerse ningún ahorro, redujeron el gasto farmacéutico a la mitad. ¿Cómo? Apostando por salud pública, los profesionales dedicaban más tiempo a hablar con los pacientes, conocían sus hábitos, les daban consejos.
Ahora, en cambio, los centros de salud parecen espacios vacíos, donde sólo te encuentras a una persona con bata repartiendo recetas.
Marciano Sánchez Bayle, de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) apunta a que “en cierto sentido ha habido una cierta cultura de exceso de consumo sanitario penado que si tú consumes más pruebas diagnósticas estarás más sano y no es así”. A su juicio, hay que concienciarse de que estamos ante una crisis estructural y los sistemas de cuidados van a ir deteriorándose más. Por ese motivo, “hay que ir a posiciones de saber utilizar mejor los servicios” y por una mayor defensa de los programas de salud pública.
El problema es que el desarrollo legislativo ha coincidido con la llegada de los mayores recortes sanitarios, por lo que nunca se ha dotado de presupuesto a los programas que desarrollen la norma. Y eso pese a que los actores del sistema nacional de salud no dejan de repetir que es mucho más interesante, incluso desde el punto de vista económico, invertir en promoción y prevención. Para Gaspar Llamazares el principal problema es que “ no hay voluntad política porque en términos económicos, y a corto plazo, no es rentable” y por eso “no se cree en lasalud pública”.

5. Acabar con el lucro de las empresas privadas

La Sanidad pública es un negocio para la empresa privada. Marina Salud ganó en 2012 un total de 5,7 millones de euros por gestionar el Hospital de Dénia. Esas ganancias fueron posibles en parte gracias a la derivación de pacientes y servicios desde el sistema público, algo que posibilita la Ley 15/97, la norma que abrió la puerta del negocio en la Sanidad. Ciriaco de Vicente, exdiputado socialista en la época de Felipe González, ironiza sobre el tema: “Si es tan eficiente la gestión privada, ¿por qué no se contrata directamente a los gestores privados para trabajar en un hospital público”. En su opinión, la existencia del beneficio es incompatible con un sistema de atenciones públicas que haga frente
a algo tan elemental como es la salud. “Ahora ya no se complementa,ahora se sustituye”, se lamenta.
El origen de esa situación hay que buscarlo en 1997. Ese año el Congreso de los Diputados aprobó la ley “Sobre Habilitación de Nuevas Formas de Gestión en el Sistema Nacional de Salud”. Esta norma tiene un artículo único:
“En el ámbito del Sistema Nacional de Salud, garantizando y preservando en todo caso su condición de servicio público, la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho”. Para ello establece que “la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad”.
Nines Maestro defendió la posición en contra de esa ley por parte de Izquierda Unida. Hoy, 18 años más tarde, cree que la puerta a la privatización aún se puede cerrar. “ Para que los hospitales sean rentables se están haciendo cosas escandalosas desde el punto de vista de la calidad y si, por ejemplo, se eliminasen los pluses que reciben por derivaciones, serían ellos mismos los que entregarían la concesión ”.
Según sus cálculos, un hospital de gestión privada supone un gasto siete veces mayor que uno público funcionando a pleno rendimiento. Algunos países como Inglaterra y Francia ya han rescatado algunos de sus hospitales de gestión privada, pagando el lucro cesante.
Para el responsable actual de Sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Martínez Olmos, más allá de las consideraciones sobre la ley, de la que es partidario que se derogue, “la clave es que estamos ante una cuestión que depende de la voluntad política ya que hay directivas europeas que permiten esos conciertos”.
Por su parte, la Sociedad Española de Directivos de Salud (SEDISA) en un informe interno reconoce que busca ampliar el negocio y recuerda que “los centros podrán obtener ingresos adicionales a través de actividades propias como la docencia y por la oferta de servicios hoteleros-complementarios tales como restauración, camas suplementarias...”.

Ciriaco de Vicente carga sus tintas contra lo que considera una perversión del concepto de derivación. “ Antes se utilizaba por los médicos, cuando uno no sabía de algo, se decía, ‘te lo derivo’, pero no tenía carga ideológica, es como quien dice "te lo reenvío". Sin embargo, hoy tiene toda una carga, que es la de transferir negocio”, concluye el ex responsable de Sanidad del PSOE. Y apunta a los políticos: “Para acabar con la privatización hay que tener un gobierno de izquierdas, no un ministro a título individual, si no acaban contigo pronto”. Él sabe de lo que habla ya que algunas fuentes consultadas por La Marea apuntan a la presión de las farmacéuticas para explicar el porqué no llegó a ser nunca
ministro de Sanidad en los gobiernos de Felipe González.