FADSP: 23 propuestas para recuperar y mejorar los Servicios Públicos de Salud

Os Pego aquí un interesante texto de los compañeros de la Federación de asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública de cara a las próximas elecciones autonómicas.

http://www.fadsp.org/~ab47510/index.php/sample-sites/manifiestos/1000-la-fadsp-ante-las-elecciones-autonomicas

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), ante las próximas elecciones autonómicas creemos obligado hacer varias reflexiones.

La primera es que tras la finalización del proceso de transferencias en 2001, la Sanidad es una competencia casi exclusivamente autonómica, a lo que hay que sumar la falta de sistemas eficaces de cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), por ello este proceso electoral es de especial importancia en el ámbito de la salud porque va a definir la política sanitaria de las CCAA.

La segunda es que existen grandes diferencias interautonómicas en el estado de salud de la población y en el funcionamiento de los sistemas sanitarios regionales, tal y como se ha detectado los 11 Informes sobre la situación de los servicios sanitarios de las CCAA, elaborados por la FADSP desde 2004, en los que se evidencia una diferencia excesiva entre las mismas. En el XI Informe (2014) la puntuación entre el máximo y el mínimo iba de 82 a 46, situándose Baleares, Murcia, Canarias y Comunidad Valenciana en los últimos puestos (Valencia es la última en 10 de los 11 informes realizados y ocupa ese puesto de manera ininterrumpida desde 2007). http://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/manifiestos/872-los-servicios-sanitarios-de-las-ccaa-informe-2014

La Sanidad Pública en España sufre un proceso de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatizaciones que aunque proviene desde hace tiempo se ha agudizado en estos últimos tiempos con la excusa de la crisis

Tres han sido las principales medidas en este proceso, la primera el Real Decreto Ley (RDL) 16/2012, la segunda los recortes económicos a que se ha sometido a la sanidad como a otros servicios públicos y luego las privatizaciones.

I ) RD Ley 16/2012

El 24 de abril de 2012 el BOE publicaba el RDL 16/2012 que quizás irónicamente se denominaba “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.”

En el RD Ley se planteaban 5 aspectos fundamentales, que se han unido a los otros dos que han ido funcionando en paralelo pero también con importantes repercusiones sobre la Sanidad Pública, y que se van a analizar brevemente a continuación:

1. Cambio del modelo sanitario

El RDL plantea un cambio del modelo sanitario que de estar basado en la ciudadanía y tener carácter universal (Ley general de Sanidad y Ley General de Salud Pública), pasa a centrarse en la condición de asegurado. De ello se derivan exclusiones de colectivos:

• Las personas con ingresos superiores a 100.000 € anuales
• Los inmigrantes no regularizados
• Los extranjeros con estancias temporales en España
• Los mayores de 26 años que no han cotizado a la Seguridad Social, posteriormente mediante orden ministerial se les asegura cobertura como “sin recursos” si tienen rentas inferiores a 100.000 € anuales.
• Más recientemente se ha añadido la exclusión de quienes vivan durante más de 90 días fuera de España.
• En teoría para cubrir a las personas excluidas de la cobertura se establecieron unos convenios especiales (con precios prohibitivos para el colectivo mas necesitado, es decir los inmigrantes irregulares) que como era de esperar han tenido escasísimo éxito.

Los resultados han sido especialmente graves en el colectivo de inmigrantes no regularizados (hay al menos dos muertes documentadas) y se desconoce el número real de personas que han visto agravada seriamente su salud. El número de personas con problemas por estancias prolongadas en el exterior (básicamente en busca de trabajo) no se conoce. La normativa referente a los extranjeros con obligación de pago existía previamente al RDL y los ingresos por este concepto no parece que hayan sido relevantes en comparación con los que existían previamente, en todo caso se deben a una mayor diligencia de las CCAA en el cobro que no a los efectos de esta normativa.

Es importante resaltar que, aunque se ha paralizado en sus aplicaciones más lesivas, es evidente que la intencionalidad de este cambio es avanzar progresivamente hacia un modelo de seguros, lo que supondría un aumento del gasto sanitario y de las desigualdades en el acceso, tal y como demuestra la experiencia internacional (el caso mas reciente es el de Holanda). También que el Tribunal Constitucional ya ha avalado en 2 casos (recursos a la normativa del País Vasco y Navarra) la paralización de su aplicación en estos territorios y que varias CCAA mas han realizado normativas propias para garantizar en todo o en parte la atención sanitaria, en conclusión se ha generado mas desigualdad, ningún ahorro y problemas muy graves para algunas personas.

2. Revisión de la cartera de servicios

Se fracciono la cartera de servicios en 3 (básica, complementaria y suplementaria) quedando solo la primera como gratuita, estableciéndose copagos para las otras 2. Hasta ahora el proceso de revisión de la cartera básica ha avanzado poco, pero como era de esperar se han producido recortes y además con el entorno de la ideología ultracatólica dejando fuera de la fecundación in Vitro en el SNS a las parejas homosexuales y a las mujeres solteras.

De nuevo nulos resultados económicos y si discriminación con motivaciones ideológicas.

3. Copagos generalizados: Farmacia, transporte, dietas, prótesis y ortesis

Es uno de los aspectos que mas ha avanzado. El nuevo copago en farmacia se instauro rápidamente (aumento del porcentaje a pagar por los activos y establecimiento del 10% a los pensionistas con topes según tramos de ingresos), los otros con menos rapidez, el de ortesis, prótesis y dietas tardo mas y el del transporte sanitario se paralizo en su aplicación, porque sigue estando vigente según el BOE, después del Informe del Consejo de Estado que lo desaconsejaba. Una situación aún mas curiosa es la del copago de los medicamentos que se dispensaban en las farmacias hospitalarias, sobre el que existe una normativa de octubre de 2013 que obliga a cobrarlo a todas las CCAA pero a día de hoy ninguna lo ha aplicado y que recientemente el Ministro de Sanidad ha señalado que no se aplicara.

4. Nuevo medicamentazo

Se excluyeron más de 400 medicamentos de la financiación pública, medicamentos cuyo coste (PVP) se incremento notablemente, en muchos casos más del 100%, que paso a ser sufragado en su totalidad por los pacientes.

El recorte en farmacia es según el Ministerio de Sanidad el principal éxito del RDL. Claro esta que si vamos a los datos concretos las cosas son distintas, de manera que mientras el gasto farmacéutico de recetas ha disminuido en 3.305 millones € desde la entrada en vigor del RDL hasta diciembre de 2013, el gasto farmacéutico de los hospitales aumento en 2.087 millones € en el mismo periodo, y se ha constatado un aumento del gasto en recetas mantenido en los 6 últimos meses respecto al mismo periodo del año anterior. Por otro lado el ahorro del gasto farmacéutico es en un 60% debido a los medicamentos no financiados y en un 40% son aportaciones de los ciudadanos, es decir se ha trasladado gasto farmacéutico público a gasto privado.

Finalmente existen encuestas que señalan que un porcentaje elevado de personas no retiran los medicamentos prescritos (el 14,76% del total que se eleva al 20,39% de los pensionistas y el 25,92% de los parados). Como es habitual el Ministerio de Sanidad mira para otro lado y no ha hecho ningún tipo de seguimiento ni de estos casos, ni de los posibles problemas sanitarios resultantes de este no consumo de medicamentos prescritos, pero si tenemos en cuenta la literatura científica publicada al respecto es probable que se haya producido un empeoramiento de las enfermedades de estas personas y una sobreutilización de recursos sanitarios (ingresos, etc), lo que ha podido comprobarse en algún caso en nuestro país.

5) Agencia de compras

La puesta en funcionamiento de un sistema centralizado de compras fue uno de los “argumentos” utilizados para el marketing del RDL, pero al final quedo recogido como “Se fomentara la compra conjunta y centralizada” (Adicional cuarta) lo cual, como ya señalamos en su momento no garantizaba su aplicación. Por supuesto la compra centralizada del SNS permitiría aplicar los beneficios de las economías de escala y ha sido una reivindicación de la FADSP desde hace tiempo. Hasta ahora tanto ruido se ha quedado limitado a la compra conjunta de vacunas por parte de algunas CCAA (lo que ya se había hecho antes del RDL) y poco mas, de manera que los supuestos ahorros se han quedado en casi nada, demostrándose una vez mas que el Ministerio de Sanidad recorta a los indefensos, pero no a los mas poderosos.

2. RECORTES PRESUPUESTARIOS

Los recortes presupuestarios no estaban directamente incluidos en el RDL aunque la justificación del mismo fue un supuesto exceso de gasto sanitario “insostenible”. No obstante se han producido drásticos recortes presupuestarios coincidiendo con su aplicación. El gasto sanitario público paso de 70.464 millones € en 2009 (liquidación) a 67.626 millones en 2011 (liquidado) y en 2014 los presupuesto sanitarios públicos de las diferentes administraciones suman 57.632 millones €, es decir 12.832 millones € menos.

El sistema de financiación de las CCAA es una parte del problema. Primero porque se parte de una insuficiencia general que ha sido reconocida por el propio Gobierno en la Conferencia de Presidentes. Segundo porque esta basado en la capacidad de las CCAA para generar recursos, a pesar de que la riqueza, medida en PIB per capita tiene una distribución muy desigual, según datos del INE (datos publicados en 2015), este tenia un rango en 2013 entre 15.026 € (Extremadura) y 28.915 € (Madrid) lo que supone una gran diferencia a la hora de la recaudación tributaria; y tercero porque el actual sistema de financiación deja al libre criterio de cada una de las CCAA la decisión de su gasto sanitario. Cuarto, porque la transferencia de fondos a cada comunidad como conjunto y las partidas extras (como las procedentes de los fondos de cohesión o del céntimo sanitario) no son finalistas y cada Comunidad puede destinar finalmente esos dineros a donde electoral o coyunturalmente mas le interese, independientemente de la necesidades reales de salud o servicios sanitarios de su población.

El resultado es que los presupuestos per capita de las CCAA para 2015 se sitúan en un promedio de 1240,60 €, con un máximo de 1548,34 y un mínimo de 1004,32.

Los resultados de estos recortes han sido cierres de camas hospitalarias, reducciones de personal (55.000 trabajadores menos en la Sanidad Pública en España en 2014 respecto a 2009), aumento de las demoras en atención primaria, incremento de las listas de espera quirúrgicas y de consultas de especialistas y pruebas diagnósticas, saturaciones en las urgencias con incremento de las personas que esperan varios días para su ingreso, cierres de puntos de atención continuada, de horarios de tarde de centros de salud de actividad de tarde en los hospitales y un larguísimo etc.

III ) Privatizaciones

Paralelamente han continuado las privatizaciones de los servicios sanitarios públicos. Privatizaciones que han sido distintas en intensidad según las CCAA, mas intensas en Cataluña, Madrid, Valencia, Baleares, Galicia, La Rioja y Castilla y León, pero que han existido en menor medida en todas las autonomías. En el Informe sobre “la privatización sanitaria en las CCAA” elaborado por la FADSP en 2014, las 5 más privatizadas eran por este orden: Madrid, Cataluña, Galicia, Baleares y Canarias. http://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/notas-de-prensa/778-informe-sobre-la-privatizacion-sanitaria-de-las-ccaa

Cinco hechos son relevantes. El primero es la utilización de una multitud de formulas concretas (concesiones administrativas, PFI, EBAs, conciertos, subcontrataciones, etc) sin que se haya producido ninguna evaluación de las mismas; el segundo es el sobrecoste que significa este proceso privatizador (en torno a 6-8 veces mas de coste y con sistemas de actualizaciones automáticas de los mismos lo que los hace cada vez mas gravosos); el tercero es la opacidad de todos los procesos y de los datos de la actividad de los centros privatizados; el cuarto es que no hay evidencia que demuestre que mejora la eficiencia del sistema sanitario (tal y como señala el último Informe del grupo de expertos de la Comisión Europea); y el quinto es el gran rechazo social y profesional que se ha producido contra las privatizaciones, de manera que el proceso esta ralentizado y se buscan formulas menos visibles ante la opinión pública (derivaciones de actividades concretas, implantación de “unidades de gestión clínica”, etc).

ALGUNOS RESULTADOS

Aunque como ya se ha señalado la opacidad es la norma y no se ha realizado ninguna evaluación seria por parte del Ministerio de Sanidad, tenemos algunos datos que son relevantes y que merece la pena resaltar:

El cambio de modelo sanitario ha tenido una repercusión muy negativa sobre la salud del colectivo de inmigrantes no regularizados, produciendo algunas muertes y muchos casos de desatención y empeoramiento de la salud de miembros de este colectivo. Aparte de las consideraciones humanitarias y de la posible vulneración de derechos humanos básicos, no se ha logrado un ahorro significativo y si se han producido serios riesgos para la salud de este colectivo en concreto y de toda la población.

Todavía esta por ver las repercusiones que tendrá alguna otra exclusión (por ejemplo las personas con estancias superiores a 90 días en el extranjero), pero tampoco existe ningún mecanismo en marcha para evaluarlo.

Las modificaciones en la cartera de servicios tiene un impacto económico irrelevante y en cambio plantea serios problemas de discriminación por motivos ideológicos.

Las medidas sobre la prestación farmacéutica han trasladado gasto sanitario público a gasto privado (de los bolsillos de los pacientes) generando desigualdades y creando entre los pensionistas grupos significativos que no retiran los medicamentos prescritos con los resultados que tendrá sobre su salud.

Se ha producido un aumento muy importante de las listas de espera, tanto quirúrgicas como en consultas externas, pruebas diagnósticas y en citas en atención primaria.

La opinión de la ciudadanía sobre el SNS ha empeorado de manera que ha bajado la puntuación que le dan los ciudadanos y se ha incrementado el número de ciudadanos que piensa que ha empeorado la atención primaria, la atención especializada y las listas de espera (datos del Barómetro Sanitario de 2014). La Sanidad ha pasado a ser el 5º problema del país (12,1%) y el 4º que mas afecta personalmente a los ciudadanos (11,5%) según la última encuesta del CIS (febrero de 2015).

Incluso a nivel internacional existen varios informes que nos alertan de los graves problemas que estas medidas pueden producir sobre el sistema sanitario y la salud (OCDE Health a Glance 2013, FMI 2013)

PROPUESTAS PARA RECUPERAR LA SANIDAD PÚBLICA Y EL DERECHO A LA SALUD

En este contexto, entendemos que los programas de las fuerzas políticas que concurren a este proceso electoral deberían de proponer los siguientes objetivos:

1. Derogar el RD Ley 16/2012 garantizando el derecho a la salud de todas las personas, eliminando la fragmentación de la cartera de servicios y los copagos.
2. Recuperar las dotaciones de personal e infraestructuras que existía previamente a los recortes, incrementando la dotación de personal de los servicios sanitarios y volviendo a poner en funcionamiento las camas y quirófanos, puntos de atención continuada y consultas cerradas.
3. Hay que paralizar el proceso privatizador de la Sanidad y propiciar la integración en la red sanitaria pública de los centros que reciben financiación pública y tienen modelos de gestión empresariales cambiando este carácter por el de entidades publicas en todos sus aspectos. Debe de garantizarse por Ley la provisión pública prioritaria de las prestaciones financiadas con fondos públicos y paralizar maniobras privatizadoras como las unidades de gestión clínica.
4. Deben de recuperarse los centros privatizados estableciendo programas escalonados de reversión de los mismos al sistema público
5. Poner en funcionamiento sistemas de Información sanitaria que aporten datos homogéneos para todas las CCAA que permitan realizar evaluaciones, lo que precisa el establecimiento de estándares comunes para la recolección y tratamiento de la información sanitaria en todo el SNS. Esta debería ser una tarea prioritaria del Consejo Interterritorial de Salud.
6. Los ciudadanos tienen derecho a tener acceso a los datos actualizados referentes a la situación de salud y al funcionamiento de los servicios sanitarios, por lo que es imprescindible garantizar la publicidad actualizada de todos los indicadores. La transparencia es un requisito imprescindible en un servicio público.
7. Debe asegurarse una financiación suficiente del Sistema Nacional de Salud. Esta suficiencia exige un incremento de la financiación en razón de las necesidades de salud y debe suponer, aproximadamente, entre 1 y 1,5 puntos de porcentaje sobre el PIB de incremento y asignar este incremento con criterio finalista.
8. Es imprescindible el desarrollo del Plan Integrado de Salud, tanto para fijar los objetivos de salud del SNS, como para adecuar la financiación a la consecución de estos objetivos.
9. Los Fondos de Cohesión deberían de incrementarse sustancialmente, incluyendo en ellos toda la financiación adicional y asegurando su reparto entre las CCAA en razón de los objetivos del Plan Integrado de Salud.
10. También es necesaria la elaboración de Planes de Salud en cada CCAA para fijar los objetivos de la política sanitaria y establecer la distribución de los fondos públicos dedicados a Sanidad. Seria conveniente que este Plan de Salud fuera aprobado por el parlamento autonómico.
11. Deben de establecerse estándares mínimos y ponderados de recursos sanitarios: camas, profesionales médicos y de enfermería (de atención primaria y especializada) /1.000 habitantes (siendo lo deseable que pudieran ponderarse en relación con otras variables como estructura etaria de la población, dispersión, etc.), para garantizar una dotación adecuada de los servicios sanitarios públicos acercando nuestra situación a la de la media del contexto europeo.
12. Hay que reforzar la provisión sanitaria pública, favoreciendo una mayor integración de los recursos en las áreas de salud y la interconexión entre los niveles asistenciales.
13. Hay que potenciar la Atención Primaria de Salud con el desarrollo de la estrategia de AP-21, asegurándole una dotación económica y el desarrollo de las funciones de promoción y prevención.
14. Es preciso poner en funcionamiento una red sociosanitaria pública coordinada con la atención sanitaria y sin que esto suponga una nueva privatización de otra parcela los servicios públicos
15. Hay que articular centros de referencia supracomunitarios (bien a nivel estatal o para varias CCAA) porque es evidente que el tamaño de todas las CCAA no es compatible con el mantenimiento de todos los servicios sanitarios con una calidad adecuada. EL Consejo Interterritorial (para los centros estatales) y los acuerdos entre CCAA serian los mecanismos adecuados para asegurar esta colaboración en el ámbito del SNS.
16. Hay que realizar una evaluación de las desigualdades en salud, tanto en el conjunto del SNS como dentro de las CCAA, analizando los diferentes aspectos que pueden influir en las mismas (nivel socioeconómico, género, política sanitaria y financiera aplicada, etc) para poder desarrollar estrategias adecuadas para su reducción.
17. Deben desarrollarse mecanismos efectivos y reales de participación de profesionales y ciudadanos en el funcionamiento y gestión de los servicios sanitarios públicos.
18. Hay que apoyar el mantenimiento y mejora de las Áreas Sanitarias como espacio para la planificación sanitaria equitativa y racional en base a las necesidades reales de los ciudadanos.
19. Asegurar la sostenibilidad del sistema público a través de un pacto de estabilidad del mismo y del control y racionalización del gasto farmacéutico y tecnológico (nuevas tecnologías de imagen, informatización y megabases de datos…).
20. Garantizar la confidencialidad de la información de salud de los ciudadanos depositada en las bases de datos públicas, a través de mecanismos de control democrático, excluyendo en todo caso el acceso, gestión o cesión de esos datos a entidades privadas o semiprivadas y persiguiendo de oficio cualquier violación de los mismos.
21. Desarrollar una política de personal que, manteniendo el carácter estatutario de la relación, favorezca la dedicación exclusiva, la formación continuada por el sistema sanitario pública, el desarrollo profesional y la dirección participativa por objetivos.
22. Oposición a la aprobación del Tratado de Libre Comercio  entre Estados Unidos y la Unión Europea, al tratado de libre comercio entre Canadá y la UE (CETA) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA)
23.   Establecer auditorias sobre los gastos de las Consejerías de Sanidad de las CCAA, y garantizar a transparencia de los gastos sanitarios.

Pensamos que todos estos objetivos son fundamentales para mejorar la Sanidad Pública. Estamos viviendo un momento crítico de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública, por lo que es precisa una actuación decidida para frenar este proceso y para fortalecer el mejor sistema sanitario que ha tenido nuestro país.

Desde la FADSP instamos a todas las organizaciones que se presentan a las próximas elecciones autonómicas a asumir estas propuestas y apoyaremos a todas las que asuman este compromiso con la Sanidad Pública y la salud de la ciudadanía.

Federación de Asociaciones para la

Defensa de la Sanidad Pública

17 de Marzo de 2015

Estreno de STAR WARS VII, 18 de diciembre de 2015

http://www.starwars.com/news/star-wars-episode-vii-to-open-december-18-2015


Con la pre-producción en pleno apogeo, LucasFilms ha confirmado que la fecha de estreno en los EE.UU. del Episodio VII de STAR WARS será el 18 de diciembre de 2015.

Que la fuerza nos acompañe...

ALERTA PRIVATIZADORA: Unidades de Gestión Clínica

 Una de las últimas propuestas de los gerentes liberales de los Servicios Sanitarios Públicos son las intrigantes y cada vez más famosas Unidades de Gestión Clínica (UGC), fórmula a la que se pretenden transformar los Centros de Salud.

Con argumentos tan usados por los liberales como el de “optimización de recursos en un sistema insostenible económicamente” o la “democratización de la gestión sanitaria”, las UGC se venden como una aproximación de la toma de decisiones a los equipos sanitarios, que tendrían capacidad de gestionar partidas presupuestarias para la adquisición de determinados recursos y gestión de prestaciones sobre la base del cumplimiento de unos determinados objetivos de excelencia.

Tras estos aparentemente loables objetivos, la realidad es bastante más preocupante para profesionales y pacientes de los diferentes servicios públicos de salud. En la práctica, son un paso adelante en el imparable plan de expolio de la Sanidad Pública por parte de los gestores capitalistas. Si bien no suponen en puridad la introducción de una fórmula privada, las propuestas concretas que vienen haciéndose a modo de globos sonda o de prácticas concretas que se lanzán, sí que contienen elementos claros de la privatización de la que hablamos.

Así, como elemento fundamental, las UGC implican la introducción de elementos y mecanismos de mercado en la gestión o los incentivos puramente económicos que bonifican el cumplimiento de objetivos de reducción del gasto prescindiendo de toda visión médica.

Algunos ejemplos de estos incentivos, serían la reducción de gasto farmacéutico, la disminución de derivaciones al especialista, la asunción de la imposibilidad de cubrir los permisos con sustituciones y de gestionarlas acumulando trabajo a otros compañeros, etc.

Perversiones intrínsecas a estos objetivos son por ejemplo la derivación de la responsabilidad de la gestión farmacéutica desde la Administración, al profesional. Así, cuando lo deseable serían medidas estructurales que racionalizasen el gasto como una central única de compras de fármacos, una política de financiación exclusiva a los fármacos genéricos o incluso la creación de una industria farmacéutica pública y suficiente, la realidad de las UGC es que se fuerza (recordemos, bajo la presión de incentivos que se han ido introduciendo en la cultura de los profesionales sanitarios) la disminución en la prescripción de medicamentos necesarios. El mismo caso se da con las derivaciones a los especialistas. Se limita el número de derivaciones con el argumento de “racionalización” a traves de incentivos económicos a los médicos menos derivadores. El resultado previsible es la demora en la atención especializada de determinados pacientes que lo precisarían.

Pero es que el argumento de la democratización tampoco es cierto, puesto que esta supuesta mejora se limita a la participación del director de la UGC (generalmente será un médico) en reunionjes bilaterales con representantes de la Administración, los cuales ya habrán fijado previamente los objetivos a cumplir (de corte liberal y de reducción de gasto) y la naturaleza y cuantía de los incentivos. Igualmente, introduciendo más elementos de mercado y gestión privada estos incentivos son progresivamente endurecidos para hacerlos “necesariamente incumplibles” para que, segun la política empresarial de la que hacen gala, los gestores no se “duerman en los laureles”.

Así, la pretendida democratización es en realidad la introducción de mecanismos puros y duros de gestión privada y de competitividad liberal. Nada más lejos de democratizar y, desde luego, a años luz de criterios sanitarios.

Habría más que decir de las UGC, pero baste esta breve reseña para alertar a profesionales y pacientes del nuevo paso adelante privatizador que suponen. En un escenario de pérdida de las bases fundamentales de la Sanidad Pública, la introducción de las UGC sería la puntilla a un sistema que fue nombrado por la OMS como el 7º mejor sistema sanitario en el año 2000.

La evolución de "lo Geek"

Cinco propuestas para salvar la Sanidad pública (Artículo de La Marea)

Extraído de www.lamarea.com, del 5 de marzo de 2015

El sistema sanitario español, tal y como se estructura actualmente, no es sostenible. Esta afirmación que aparece en un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) del año 2009 se repite en todos los análisis económicos que realizan empresas y consultoras sobre salud. Un concepto, el de la sostenibilidad, que cuestionan algunos partidos políticos para, en su nombre, acelerar los procesos de privatización en Sanidad.
Fuga de médicos, empobrecimiento de centros de salud y hospitales, colapso de las urgencias, interminables listas de espera ... El sistema sanitario hace aguas. De forma paralela, se alzan voces que reivindican la triple meta, un término aplicado a la salud que acuñaron en 2008 Don Berwick, Tom Nolan y John Whittington. La triple meta habla de mejores cuidados, mejor salud y menor coste.
La Marea ha consultado a profesionales del sector con la intención de recoger sus propuestas para salvar la Sanidad pública. La mayoría de ellos coincide en que el mayor riesgo es la progresiva penetración del sector privado en busca de un negocio dentro del servicio público. Las llamadas “ externalizaciones ” han pasado de ser un instrumento de complementariedad del sistema a ser un instrumento de sustitución y esto, aseguran, propicia una sangría en las arcas públicas.
El déficit sanitario español, es decir, el dinero que falta cada año para cubrir las necesidades básicas, se sitúa en 7.000 millones de euros,aunque hay una gran diferencia entre las autonomías, que tienen transferidas las competencias.
Los recortes se hacen notar cada día más. Por ejemplo, la falta de liquidez y la desigual negociación de Gobierno con la farmacéutica Gilead hacen que, según la Asociación Española de Estudio del Hígado, 35.000 personas no reciban el tratamiento ideal para la Hepatitis C. La presión de los pacientes en las calles ha obligado al Gobierno a recibirlos y buscar una solución.
Además, los servicios de urgencias se colapsan y se multiplican las fotografías de camillas con pacientes en los pasillos, mientras las citas para operaciones en centros públicos se alargan en los meses. En diciembre los médicos de urgencias del Hospital de Toledo denunciaron ante el juzgado de guardia la saturación del servicio. Esa semana fallecieron dos pacientes que esperaban en el pasillo a ser atendidos por patologías respiratorias graves.
 

1. Dotar de más recursos a la Atención Primaria

La Atención Primaria (AP) ha sido la puerta de entrada a la Sanidad. Unos buenos servicios de AP contribuirían a evitar el colapso de urgencias y las derivaciones hospitalarias. La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) lleva años pidiendo más capacidad de resolución, una gestión basada en criterios clínicos y científicos, y adecuar el número de profesionales a las necesidades reales. Otra asociación profesional, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), propone que la AP lidere los procesos de atención al paciente crónico. Mientras esas medidas llegan, casi el 90% de los médicos reconoce estar desmotivado en su trabajo.Uno de los mayores problemas con los que se encuentra la AP es la falta de recursos, un dinero que se ha ido desviando hacia la especializada y los hospitales. El responsable de Sanidad de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, incide en que hay que abandonar “el hospitalcentrismo y volver a la Atención Primaria, que es la que más ha transformado la Sanidad española ”. El diputado de IU alerta de que “ detrás de las propuestas de reforma de la AP está el modelo inglés, que pretende la privatización, por eso no hay que reformarla, hay que potenciarla ”. El gasto en Primaria cayó del 20,8% del total del gasto sanitario en 2008 al 14,81% en 2012. Para colectivos como la SEMFYC, debería ser del 25%.
Este recorte en el gasto ha provocado una descapitalización de los centros de salud y la saturación de su funcionamiento. Los centros de Atención Primaria, los primeros ambulatorios, se pusieron en marcha antes de la Ley General de Sanidad.
Gracias a su aparición se reedujo el gasto farmacéutico de una forma significativa al sustituir al médico que pasaban consulta de forma esporádica y ante urgencias. En la actualidad, el 80% de las consultas se podría solucionar en los centros de salud sin necesidad de acudir a los hospitales o servicios de urgencia.
Algunas voces alertan sobre su situación actual y defienden que la reforma debe hacerse cuanto antes. Según los datos que manejan desde la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), el promedio de médicos por cada 1.000 habitantes es de 0,8. En algunas comunidades como Madrid, cada facultativo tiene 1.428 tarjetas sanitarias que atender de media o 1.667, como sucede en Baleares. “Esto quiere decir que hay casos en los que el médico es responsable de atender a más de 2.000 personas, y cuando es así esa  atención se complica, más aún si tenemos en cuenta que el progresivo envejecimiento de la población hace que haya más visitas al ambulatorio”, indica el presidente de la FADSP, Marciano Sánchez Bayle.
Esa sobrefrecuentación, junto a la caída en los recursos, hace que las listas de espera aumenten.
De forma paralela a esta problemática, una apuesta por la AP aumentaría la capacidad de resolución de los centros de salud, con un gran ahorro económico. Por ejemplo, si en ellos hubiese un pequeño analizador de enzimas cardiacas en sangre, se podrían evitar muchas derivaciones al hospital. “Ahora, ante la menor amenaza o sospecha de una angina o infarto tenemos que mandarlo al hospital”, asegura Antonio Gómez Liébana, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) de Madrid que trabaja en el servicio de urgencias de un centro rural.
Otra de las medidas que implementaría es la de desarrollar puntos de urgencias extrahospitalarias potentes, “para acabar con el colapso que tenemos hoy en día”. También propone aumentar el número de profesionales de enfermería ya que “muchas de las funciones que podrían hacer, las tienen que asumir los propios médicos, lo que incide directamente en la atención”.
José Martínez Olmos, diputado responsable de los temas de Sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados, habla de “ eficiencia ” para justificar la apuesta por la Primaria. Además, señala que se podrían hacer más visitas a domicilio y así evitar desplazamientos al hospital o ingresos innecesarios. Además, así la atención a los pacientes crónicos sería mucho más eficaz y efectiva.En otro sentido van las propuestas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), próxima a la gran empresa. En 2009 ya hablaba de implantar un “ ticket moderador del consumo en Atención Primaria y Urgencias” que racionalizase el gasto sanitario. El objetivo no sería recaudatorio, sino “ reducir la hiperfrecuentación o sobreuso del sistema”.
 

2. Hospitales a pleno rendimiento
 

Los recursos de la Sanidad pública están infrautilizados. Esta frase se repiten en la mayoría de servicios de los hospitales españoles. Como muestra un ejemplo, el PET del hospital Gregorio Marañón para diagnóstico precoz de patologías oncológicas o cardiólogas, entre otras, sólo está operativo por las mañanas. Mientras tanto, la lista de espera para este tipo de pruebas en la Comunidad de Madrid se acerca a los dos meses.
Asociaciones de médicos y profesionales en defensa de la Sanidad pública defienden más dinero para personal que permita doblar los turnos en los hospitales. Esta inversión en personal supondría a medio plazo un importante ahorro económico para el sistema sanitario ya que con una mejor distribución de los recursos podrían evitarse las derivaciones a centros privados. Así, explica el presidente de la FADSP, Marciano Sánchez Bayle, se acabaría con un “círculo vicioso”. A su juicio,hay poco personal porque se ha querido que haya poca actividad y esto hace que se derive más a la privada, con lo que se justifica que se siga reduciendo el personal. De forma paralela, Sánchez Bayle defiende que
se aplique la ley de incompatibilidades que declara como ilegal que un médico ofrezca sus servicios en clínicas privadas que ese mismo profesional ofrece en la pública. “No se quiere aplicar porque no interesa al sector privado, que obtiene mucho dinero gracias a esa situación, porque a los profesionales se les contrata a precios bajos. Además, de esa manera las clínicas reciben un flujo de pacientes extra”, apunta el responsable de la FADSP.
Las incompatibilidades son clave, según apuntan los expertos en salud, ya que son las que permitirían una optimización de los recursos personales y el doble turno por la tarde. Esta separación entre lo público y lo privado haría que sólo se recurriera a ésta última en casos de extrema necesidad y no de forma sistemática, tal y como se hace ahora.
Por su parte, la Sociedad Española de Directivos de Salud (Sedisa) pide limitar el funcionariado y apuesta por que las contrataciones de nuevos profesionales se hagan directamente en cada hospital y siguiendo la legislación laboral. Sindicatos, partidos políticos y asociaciones en defensa de la Sanidad pública rechazan esta medida ya que la condición de funcionario es la garantía que tienen los ciudadanos de que las decisiones se van a tomar de acuerdo a sus conocimientos y su propia conciencia, y no por razones económicas.

3. Centrales de compra ante las multinacionales
 

La unión hace la fuerza. Esta popular frase adquiere pleno sentido a la hora de hablar de las negociaciones con las empresas farmacéuticas. En estos momentos, cada comunidad autónoma negocia por separado el precio de compra. Desde el año 2012, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad, centraliza las compras de las comunidades autónomas que, voluntariamente, quieren adherirse. Hasta ahora lo han hecho, en diferentes programas, diez gobiernos regionales, con un volumen de compras por valor de más de 838 millones de euros. Así se ha conseguido un mejor precio en productos sanitarios y medicamentos genéricos, entre otros.
Para el responsable de Sanidad de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, esto no es suficiente y se debe aspirar a una compra centralizada a nivel europeo. “Ahora hay nuevos fármacos que comprometen la viabilidad del sistema y ya que la dimensión especulativa de las multinacionales es tan grande, la compra debe ser comunitaria para negociar de igual a igual y utilizar las mismas armas”, sentencia el político asturiano.
La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) también apunta a la industria farmacéutica y recuerda que “ por cada euro que se invierte en investigación, hay otros 19 euros que se dedican a promoción de esos productos ” . Las críticas también arrecian desde otras asociaciones para quienes la farmacia condiciona la formación de los médicos, la prescripción y la incorporación de nuevos medicamentos”.
En cambio, el diputado socialista José Martínez Olmos, ve “muy teórico” el planteamiento de una central de compras ya que “los intereses son muy diversos y Europa no está montada para eso”. En lo que sí ve un avance es en la subasta. En 2012 el Gobierno andaluz decidió comprar a gran escala aquellos medicamentos que tienen una mayor prescripción. El objetivo es doble, por un lado reducir el gasto farmacéutico y por el otro bajar el déficit de la comunidad autónoma. A través de la subasta, se logra ajustar el precio a la baja con los laboratorios. El que ofrezca el precio menor, se lleva la concesión. Con este sistema, la Junta de Andalucía prevé ahorrarse una media de 244 millones anuales. La medida ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PP al considerar que rompe con la equidad del sistema e interfiere en competencias estatales. Además, cuenta con el rechazo de los colegios farmacéuticos y de la patronal, Farmaindustria.

4. Aplicar la Ley general de Salud Pública
 

Invertir en promoción y prevención tiene una repercusión directa en el gasto sanitario. De ahí que en el año 2011 se aprobase la Ley de Salud Pública, una legislación que ha acabado en un cajón ministerial y se ha convertido en la Cenicienta de la Sanidad pública. La norma de 2011 establecía pautas incluso para medir el impacto sobre la salud de cualquier iniciativa. Por ejemplo, permitiría conocer cuántos infartos se han podido evitar tras una campaña contra el tabaquismo, o si han disminuido los niveles de colesterol tras acciones concretas contra el sedentarismo. Los ambulatorios son el lugar perfecto para integrar estos programas. Además, se daría continuidad a los procesos, desde la
primera consulta a los postoperatorios, incluyendo las actividades a pie de calle y visitas domiciliarias.”Es todo un cambio de mentalidad en la atención que supondría mucho ahorro. Imagínate que en lugar de darte pastillas para tensión arterial asumes un cambio de vida y cada semana te pesan y te dicen qué comer, y que hay un polideportivo cerca de ti”, afirma Antonio Gómez Liébana de la Coordinadora Antiprivatización dela Sanidad (CAS) de Madrid.
Cuando se hizo la reforma de la Atención Primaria, los ambulatorios con dotación de personal suficiente, con protocolos de programa de salud, de detección precoz, de promoción, de prevención, y sin proponerse ningún ahorro, redujeron el gasto farmacéutico a la mitad. ¿Cómo? Apostando por salud pública, los profesionales dedicaban más tiempo a hablar con los pacientes, conocían sus hábitos, les daban consejos.
Ahora, en cambio, los centros de salud parecen espacios vacíos, donde sólo te encuentras a una persona con bata repartiendo recetas.
Marciano Sánchez Bayle, de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) apunta a que “en cierto sentido ha habido una cierta cultura de exceso de consumo sanitario penado que si tú consumes más pruebas diagnósticas estarás más sano y no es así”. A su juicio, hay que concienciarse de que estamos ante una crisis estructural y los sistemas de cuidados van a ir deteriorándose más. Por ese motivo, “hay que ir a posiciones de saber utilizar mejor los servicios” y por una mayor defensa de los programas de salud pública.
El problema es que el desarrollo legislativo ha coincidido con la llegada de los mayores recortes sanitarios, por lo que nunca se ha dotado de presupuesto a los programas que desarrollen la norma. Y eso pese a que los actores del sistema nacional de salud no dejan de repetir que es mucho más interesante, incluso desde el punto de vista económico, invertir en promoción y prevención. Para Gaspar Llamazares el principal problema es que “ no hay voluntad política porque en términos económicos, y a corto plazo, no es rentable” y por eso “no se cree en lasalud pública”.

5. Acabar con el lucro de las empresas privadas

La Sanidad pública es un negocio para la empresa privada. Marina Salud ganó en 2012 un total de 5,7 millones de euros por gestionar el Hospital de Dénia. Esas ganancias fueron posibles en parte gracias a la derivación de pacientes y servicios desde el sistema público, algo que posibilita la Ley 15/97, la norma que abrió la puerta del negocio en la Sanidad. Ciriaco de Vicente, exdiputado socialista en la época de Felipe González, ironiza sobre el tema: “Si es tan eficiente la gestión privada, ¿por qué no se contrata directamente a los gestores privados para trabajar en un hospital público”. En su opinión, la existencia del beneficio es incompatible con un sistema de atenciones públicas que haga frente
a algo tan elemental como es la salud. “Ahora ya no se complementa,ahora se sustituye”, se lamenta.
El origen de esa situación hay que buscarlo en 1997. Ese año el Congreso de los Diputados aprobó la ley “Sobre Habilitación de Nuevas Formas de Gestión en el Sistema Nacional de Salud”. Esta norma tiene un artículo único:
“En el ámbito del Sistema Nacional de Salud, garantizando y preservando en todo caso su condición de servicio público, la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho”. Para ello establece que “la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad”.
Nines Maestro defendió la posición en contra de esa ley por parte de Izquierda Unida. Hoy, 18 años más tarde, cree que la puerta a la privatización aún se puede cerrar. “ Para que los hospitales sean rentables se están haciendo cosas escandalosas desde el punto de vista de la calidad y si, por ejemplo, se eliminasen los pluses que reciben por derivaciones, serían ellos mismos los que entregarían la concesión ”.
Según sus cálculos, un hospital de gestión privada supone un gasto siete veces mayor que uno público funcionando a pleno rendimiento. Algunos países como Inglaterra y Francia ya han rescatado algunos de sus hospitales de gestión privada, pagando el lucro cesante.
Para el responsable actual de Sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Martínez Olmos, más allá de las consideraciones sobre la ley, de la que es partidario que se derogue, “la clave es que estamos ante una cuestión que depende de la voluntad política ya que hay directivas europeas que permiten esos conciertos”.
Por su parte, la Sociedad Española de Directivos de Salud (SEDISA) en un informe interno reconoce que busca ampliar el negocio y recuerda que “los centros podrán obtener ingresos adicionales a través de actividades propias como la docencia y por la oferta de servicios hoteleros-complementarios tales como restauración, camas suplementarias...”.

Ciriaco de Vicente carga sus tintas contra lo que considera una perversión del concepto de derivación. “ Antes se utilizaba por los médicos, cuando uno no sabía de algo, se decía, ‘te lo derivo’, pero no tenía carga ideológica, es como quien dice "te lo reenvío". Sin embargo, hoy tiene toda una carga, que es la de transferir negocio”, concluye el ex responsable de Sanidad del PSOE. Y apunta a los políticos: “Para acabar con la privatización hay que tener un gobierno de izquierdas, no un ministro a título individual, si no acaban contigo pronto”. Él sabe de lo que habla ya que algunas fuentes consultadas por La Marea apuntan a la presión de las farmacéuticas para explicar el porqué no llegó a ser nunca
ministro de Sanidad en los gobiernos de Felipe González.

Sin lucha, la Sanidad Pública está perdida.

Con fecha 9 de marzo, en la página web de la ONG Médicos del Mundo aparece la noticia "La mayoría de los partidos políticos se compromete a restituir la Sanidad Universal". http://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.conts/mem.detalle_cn/relmenu.111/id.4255

En dicho artículo, MdM da cuenta de una iniciativa para que partidos políticos del Estado Español firmen una declaración comprometiéndose a "incluir en sus programas electorales medidas concretas que, mientras siga en vigor la actual legislación estatal, garanticen el cumplimiento en todas las comunidades autónomas de los supuestos a los que el Real Decreto Ley reconoce el derecho gratuito a la asistencia sanitaria: menores de edad, mujeres embarazadas, solicitantes de asilo y víctimas de trata de personas", y seguidamente "Asimismo, los partidos deberán dar los pasos necesarios para prohibir la exigencia de pago por servicios sanitarios de urgencias que se aplica en algunas comunidades a inmigrantes sin tarjeta sanitaria o en situación administrativa irregular".

Los firmantes han sido Amaiur, BNG, Coalición Canaria, Compromís, CiU, Equo, ERC, Geroa Bai, IU, Nueva Canaria, PNV, Podemos, PSOE y UPyD. Han declinado firmarlo Ciudadanos y PP.

 Precioso. Sin duda un paso adelante para que, en un hipotético escenario de derrota del PP en las próximas Elecciones Legislativas previstas como tarde para diciembre de 2015, una nueva mayoría derogue el infame Real Decreto-Ley 16/2012 (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-5403), tambien llamado el del "apartheid sanitario" por, entre otras barbaridades, negar la asistencia sanitaria no urgente a Inmigrantes en situación irregular. Esta medida, que de hecho fulminó la Universalidad de la Sanidad en el Estado Español, no es lo único que tal ley aportó. También creó la figura del "asegurado" como sujeto receptor del derecho a la Sanidad Pública en detrimento del "ciudadano", sentando las bases para una posterior entrada del aseguramiento privado o de fómulas privadas (en mayor o menor medida) de la gestión de los Sistemas Públicos de Salud. 

Esta firma, de la que MdM puede legitimamente estar orgullosa, tiene un cierto tufo a oportunismo político. No hemos de olvidar que antes del 16/2012, fue aprobado a propuesta del Gobierno liberal de José María Aznar el RDL 15/1997, o "de las nuevas formas de gestión" (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-9021) con el apoyo del PSOE, en este caso. 

A lo largo de estos dos decretos, inspirados por la "clarividencia liberal" del "Informe Abril-Martorell", La Sanidad española ha dejado de ser Universal, con toda seguridad y, en gran medida, pública. La entrada de formas privadas de gestión, primero en servicios de hostelería, para posteriormente pasar a plantas hospitalarias o hospitales enteros construidos bajo las más diversas formas de privatización encubiertas (PFI, Contratos de gestión/construcción).

Lo cierto es que ya no se puede defender solo la Sanidad Pública, cosa que hay que seguir haciendo, por ejemplo, oponiéndose a las Unidades de Gestión Clínica, auténtica entrada de las leyes de mercado y competencia en la Atención Primaria, en los Centros de Salud de nuestros barrios, sino que, de forma si cabe más importante, hemos de luchar por recuperar la Sanidad que ya ha sido privatizada.

Y que quede claro: Estamos hablando de luchar contra grandes corporaciones (Capio, Sanitas, DKV...) para las cuales su único objetivo es obtener un beneficio económico a costa de la compra-venta ventajosa de nuestra salud y nuestras vidas. Luchar contra ellas y contra los gobiernos liberales que defienden sus intereses, como los del PP o los del PSOE, estos últimos firmantes de la declaración.

La batalla electoral (y la electorera) van a ser importantes, sin duda en esa recuperación pero, sin la lucha de los trabajadores sanitarios, de los usuarios y ciudadanos organizados como Marea Blanca o la Plataforma YO SÍ SANIDAD UNIVERSAL (http://yosisanidaduniversal.net/portada.php), sin la acción decidida y audaz de partidos y organizaciones

anticapitalistas que remen para abatir al sistema que hace del beneficio económico el santo grial, pasando por encima de nuestras vidas, sin esa pelea de obtención en la calle, en los centros de trabajo y en la sociedad la hegemonía defensora de una Sanidad 100% Pública, la firma de hoy es poco más que papel mojado.

Hoy, todos a Alcañiz

Pues

Leyes de aplicación al discutir en internet

Ley de la controversia de Benford

 
Es una ley sociológica aplicable especialmente a las discusiones de los foros de Internet, aunque puede aplicarse en general a todo tipo de discusiones entre humanos.
En su formulación original, tal y como la enunció el autor de ciencia ficción Gregory Benford en la novela Cronopaisaje (1980), establece que:
"La pasión asociada a una discusión es inversamente proporcional a la cantidad de información real disponible."
Está fuertemente relacionada con el Efecto Dunning-Kruger.

Efecto Dunning-Kruger
 

Es un sesgo cognitivo, según el cual los individuos con escasa habilidad o conocimientos sufren de un efecto de superioridad ilusorio, considerándose más inteligentes que otras personas más preparadas, incorrectamente midiendo su habilidad por encima de lo real. Este sesgo es atribuido a una inhabilidad meta-cognitiva del sujeto de reconocer su propia ineptitud. Por el contrario, los individuos altamente calificados tienden a subestimar su competencia relativa, erróneamente asumen que las tareas que son fáciles para ellos también son fáciles para otros.

David Dunning y Justin Kruger de la Universidad de Cornell concluyeron: «La mala medición del incompetente se debe a un error sobre sí mismo, mientras que la mala medición del competente se debe a un error acerca de los demás».

El fenómeno, demostrado en una serie de experimentos realizados en la Universidad de Cornell por estos investigadores, fué publicados en el Journal of Personality and Social Psychology de diciembre de 1999.
Kruger y Dunning investigaron cierto número de estudios previos que tendían a sugerir que, en diversas habilidades como la comprensión lectora, conducción de vehículos de motor, y juegos como el ajedrez o el tenis, “la ignorancia frecuentemente proporciona más confianza que el conocimiento” (como dijo Charles Darwin). Su hipótesis es que, en una habilidad típica que los humanos poseen en mayor o menor grado:
 

1. Los individuos incompetentes tienden a sobrestimar su propia habilidad.
2. Los individuos incompetentes son incapaces de reconocer la habilidad de otros.
3. Los individuos incompetentes son incapaces de reconocer su extrema insuficiencia.
4. Si pueden ser entrenados para mejorar sustancialmente su propio nivel de habilidad, estos individuos pueden reconocer y aceptar su falta de habilidades previa.
 

Mientras tanto, la gente con conocimiento real tiende a subestimar su competencia.
Un estudio posterior sugiere que los estudiantes más incompetentes mejoran tanto su nivel de habilidad como su habilidad para estimar su posición en la clasificación sólo tras recibir muchas clases en las habilidades que no tenían.Daniel Ames y Lara Kammrath extendieron este trabajo a la empatía, y a la propia percepción de ésta y algún otro trabajo de Burson Larrick y Joshua Klayman ha sugerido que el efecto no es tan obvio y quizá es debido a los niveles de ruido y a los prejuicios. 

Se asocia al “Principio de Meta-Pareto”: Al menos el 80% de la
población piensa que está entre el 20% más capaz de la misma.
 

Ley de Wilcox-McCandlish
 

Tambien conocida como “Ley de Evolución del Discurso en Línea de Wilcox-McCandlish”.
Desarrollada por Bryce Wilcox y Stanton McCandlish en enero de 1995 después de observar un amargo intercambio de e-mails públicos, intenta predecir el transcurso de las conversaciones de Internet. Afirma que:
"La probabilidad del éxito de cualquier intento de cambiar el asunto o la dirección de una discusión en un foro en línea es directamente proporcional a la calidad del contenido actual".

Corolarios
Primer Corolario de McCandlish
La posibilidad de cambio del tema o la dirección de una discusión, siendo este cambio para mejor, es inversamente proporcional a la calidad del contenido anterior al cambio. (Excepción al Primer Corolario de McCandlish: Cuando una
discusión llega al estado incandescente ("flame"), todos los cambios en el tema o en la dirección de la discusión serán cambios para peor. Corolario de Wilcox
Cuanto más está alguien involucrado en una "flame", tanto menos posible es que se reconozca en tal condición).

Segundo corolario de McCandlish
El consumo de ancho de banda por una discusión se incrementa en proporción inversa a su calidad.

Tercer Corolario de McCandlish
Cualquier intento a recurrir a la lógica formal o a la identificación de falacias clásicas, simplemente incrementará la irracionalidad de la discusión.
Sub-corolario al Tercer Corolario de McCandlish: Es probable que esto sea así, debido a que el uso de la lógica eleve el nivel de la discusión, creando en el comentario siguiente una incongruencia.

Critica de McCandlish de Reed y de Metcalfe
La utilidad de foros grandes en línea se reduce exponencialmente en proporción con el número de participantes.

Paradoja de Wilcox-McCandlish
La degeneración de una discusión puede (teóricamente) ser prevenida o aún revertida al citar la Ley de Wilcox-McCandlish.

Ley de Godwin

Tambien “Regla de analogías nazis de Godwin”, es en realidad un enunciado (y no una ley) de interacción social propuesto por Mike Godwin en 1990. Establece que:

A medida que una discusión en línea se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se mencione a Hitler o a los nazis tiende a uno.

Existe una tradición general en muchos grupos de noticias, foros y redes sociales tal que, en cuanto se menciona una determinada comparación similar a la descrita en el enunciado, el hilo se cierra y quienquiera que la usara pierde la discusión. Así, la ley de Godwin proporciona un límite a los hilos. De hecho, así es como muchos participantes conocen la ley.
La ley es epónima de su ideólogo, Mike Godwin, de Se puede deducir que una discusión caduca cuando uno de los participantes menciona a Hitler y/o a los nazis.
Al decir caducidad se refiere en esos espacios a dos hechos relacionados:
1. El tema se habría desviado lo suficiente del asunto original, por lo que el hilo conductor y las ideas desarrolladas se distorsionan.
2. El hilo podría ser cerrado (ya no permitir más comentarios) y pasar la discusión a otro hilo.
Así que el término caducidad implica una o ambas cosas, caducidad de la relación título-tema y caducidad de la función del servidor web de aceptar más entradas de texto.Muchos la extendieron para establecer que quien los mencione como táctica argumentativa fuera del contexto bélico mundial o histórico, pierde inmediatamente la discusión. La idea subyacente es el mal gusto de comparar trivialidades con genocidios.
 

Objeciones y críticas
Una objeción común hecha al meme es que a veces sus usos son apropiados. Por ejemplo, «El simple hecho de que un dirigente mejore la economía no implica su bondad, porque Hitler también lo hizo». Esta frase es comprensible, porque el usar un personaje conocido evita abundar en explicaciones.
La ley pretende evitar un abuso conversacional, porque muchas veces se los menciona simplemente para evocar el mal y una posible confrontación objetiva de hechos se convierte en una discusión subjetiva sobre el bien y el mal que la concluye. Este planteamiento es expresado con bastante claridad mediante la aseveración «Algo es malo, porque Hitler lo hizo» o «Algo no es una virtud, porque Hitler lo tenía». Sin embargo, a veces se lo menciona al margen de connotaciones.

Ley de Poe

Aforismo surgido de Internet según el cual, en la ausencia de un guiño o indicación o emoticono que lo aclare, es difícil o imposible distinguir entre una postura ideológica extrema y la parodia de esa misma postura.
La expresión "Ley de Poe" fue formulada en 2005 por Nathan Poe en la página web christianforums.com en el contexto de un debate sobre el creacionismo. La frase original decía:"Sin un emoticono que guiñe un ojo o alguna otra muestra clara de humor es completamente imposible parodiar a un creacionista de tal manera que alguien no lo pueda llegar a confundir con uno de verdad."

Efecto Streisand
 

Es un fenómeno de Internet en el que un intento de censura u ocultamiento de cierta información fracasa, o es incluso contraproducente para el censor, ya que esta acaba siendo ampliamente divulgada, recibiendo mayor publicidad de la que habría tenido si no se la hubiese pretendido acallar.
Normalmente, estos intentos de censura se dirigen hacia fotos, archivos o páginas web, especialmente mediante cartas que amenazan con emprender acciones legales por parte del censor. Lejos de ser eliminada, dicha información recibe gran publicidad, y acaba siendo rápidamente distribuida a través de blogs, sitios de noticias o sistemas P2P. Este efecto ocurre, según el experto en Internet John Gilmore, porque la Red interpreta la censura como un daño o ataque hacia ella; y según muchos otros, simplemente por la curiosidad producida por la prohibición.

El término debe su nombre a un incidente ocurrido en 2003 con la actriz estadounidense Barbra Streisand, que denunció al fotógrafo Kenneth Adelman y la página de fotografías pictopia.com por 50.000.000 de dólares, exigiendo que se retirase una foto aérea de su casa de una publicidad que contenía imágenes de la costa de California, alegando su derecho a la privacidad. Adelman argumentó que se dedicaba a fotografiar las propiedades en primera línea de playa para documentar la erosión de la costa de California. Elperiódico San Jose Mercury News advirtió poco después que aquella imagen se había hecho popular en Internet. Con su intento de censura, Barbra Streisand consiguió que una información en un primer momento intrascendente, acabase obteniendo una gran repercusión mediática.
 

Efecto de desinhibición en línea

En psicología, se refiere a la manera en que la gente se comporta en internet con menos restricciones que en la vida real. Algunos de los seis motivos dominantes:
1. No me conoces (anonimato disociativo)
2. No puedes verme (invisibilidad)
3. Hasta luego (Asincronogía)
4. Está todo en mi cabeza (introyección solíptica)
5. Es precisamente un juego (imaginación disociativa)
6. Somos iguales (autoridad minimizada)
 

Ley de Danth
 

Si en una discusión en Internet tienes que insistir en que ganaste, es probable que hayas perdido miserablemente.
 

Ley de Cohen
 

Cualquiera que recurra al argumento de que «cualquiera que recurra al argumento de que... pierde el debate automáticamente», pierde el debate automáticamente.

Ley de la exclamación

Cuantos más signos de exclamación se utilicen en un mensaje, más posibilidades hay de que sea todo mentira.

Ley de Cunningham
 

La mejor manera de conseguir la respuesta a una pregunta en Internet no es realizando la pregunta, sino escribiendo una respuesta equivocada.
 

Ley de Quays
 

No importa lo claramente cierto, demostrado u obvio sea un hecho; siempre habrá alguien, en alguna parte, que no estará de acuerdo.

Ley de Skarka
 

En Internet, no hay tema tan detestable o indefendible que asegure que no saldrá alguien en su defensa
 

Ley de Shaker
 

Si un usuario anuncia notoriamente el fin de su participación en una discusión, es probable que nunca lo llegue a hacer.
 

Ley de Pommer

La opinión de una persona puede cambiar tras leer información al respecto en Internet. La naturaleza del cambio es tal que se pasa de no tener opinión a tener una opinión equivocada.

Ley de DeMyer
 

Cualquier persona cuyo argumento consista principalmente en citas enormes puede ser ignorado sin miedo, ya que se considera que perdió la discusión antes de haber empezado.

Ley de Muphry (no "de Murphy")
 

Todo mensaje que corrija el mensaje de otro usuario, contendrá a su
vez al menos un error.